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| FotografÃa: Anete Lusina |
DAVID SANTIAGO TOVILLA
Parece que la presión internacional dejó de tener efectividad en contra de quienes atentan en contra de los derechos humanos. Uganda es un ejemplo de que, aunque el mundo grite, no les importa. Es el riesgo de todo pensamiento autoritario: decidido a hacer su voluntad a como dé lugar y al costo que sea: aún sean vidas humanas.
Los principales
organismos internacionales de Derechos Humanos encendieron las alertas, el 29
de mayo pasado, en Uganda, cuando se aprobó una ley que establece distintas
penalizaciones para castigar todo lo que sea diferente a la heterosexualidad:
Cadena perpetua por
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
10 años de prisión por el
intento de tener relaciones no heterosexuales.
Pena de muerte por homosexualidad
con agravantes.
20 años de cárcel por promoción
de la homosexualidad.
Es 2023, el siglo XXI,
pero hay lugares en donde el tiempo se detuvo o llegan unos para construir un
retroceso.
AmnistÃa
Internacional lo dijo con contundencia: «La firma de esta ley profundamente
represiva constituye un grave ataque contra los derechos humanos y la
Constitución de Uganda, asà como contra los instrumentos regionales e
internacionales de derechos humanos en los que Uganda es parte».
Dicha ley «sólo servirá
para consagrar en la legislación la discriminación, el odio y los prejuicios
contra las personas LGBTI ugandesas y quienes las apoyan. Es inadmisible que
estas personas se arriesguen a perder la vida, la libertad, la privacidad, la
libertad de expresión y la capacidad de vivir sin discriminación»
Ya se ha visto con esos
regÃmenes que promueven los enconos sociales: las injusticias afectan a todos
porque, además, para dañar a cualquier persona puede adjudicársele el adjetivo
que penaliza. No se diga el calvario que viven los protagonistas de la persecución.
Ha pasado y pasa sin importar el color de los gobiernos autoritarios.
Para el caso de Uganda y comprender
la dimensión del problema existe un documental demoledor: Jon Sistiaga y la
caza al homosexual. Puede verse en YouTube.
Hay que mirar hacia
Uganda porque la ley promulgada se inscribe en lo que el Diccionario
de injusticias denomina Homofobia de Estado: «La
noción de homofobia de Estado tiene el interés de plantear que el miedo y el rechazo
a los homosexuales y a toda persona que se distancia de las normas del cuerpo, género
y sexualidad, hace parte del proyecto de nación y su materialización en el
Estado moderno que requiere de un tipo de ciudadano ajustado a las identidades
exhaustivas de hombre y mujer.
»La homofobia surge a
partir de la puesta en funcionamiento del régimen heterosexual, en el marco del
patriarcado moderno, para lo cual será central la categorÃa de sexo con la cual
sólo se reconoce y confieren sentido a las identidades de hombre y mujer, constituidas
de manera dicotómica y exhaustiva, que a su vez cumplan con las normas
establecidas por las instituciones biomédicas en relación con el sexo y el
género: solo dos cuerpos, el del macho y el de la hembra, con rasgos
preestablecidos de masculinidad para el cuerpo de macho y de feminidad para el
cuerpo de la hembra que dan como resultado dos posibilidades de la identidad
sexual: ser hombre o mujer.
«Todo lo que se sale de
esa norma se considera dañado, patológico, anormal, que hay que castigar,
sancionar, normalizar, eliminar, es decir, es objeto de homofobia, porque
genera miedo irracional y debe ser sometido a procesos de curación, sanción,
normalización, según la institución que observe y desde su mirada determine el
tipo de transgresión y por tanto intervención. Estas consideraciones hacen que
se ponga en marcha la homofobia de Estado».
El mundo no debe acostumbrarse
a que en un lugar los hechos sean asÃ. El mutismo ante la burla a la ley
y la Constitución, el pisoteo de las normas humanitarias internacionales y el
machismo como práctica de gobierno tampoco deben normalizarse.
En Uganda se persigue a
los homosexuales; en Afganistán, a las mujeres. Las historias cada vez son de
mayor terror, como ocurre cuando se sabe que la impunidad está garantizada. El
6 de junio, 80
niñas fueron envenenadas en una escuela lugar en donde los talibanes han decidido
que las mujeres no deben estar y han prohibido los grados de secundaria y universidad
para ellas.
Debe recuperarse la
capacidad de indignación y de conciencia ante hechos anómalos. El daño de la
permisividad es incalculable para los pueblos y las naciones.
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